*** Los detenidos serán remitidos al juzgado con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción de Tegucigalpa, para el respectivo proceso penal.
El Ministerio Público (MP) reportó la ejecución de 10 órdenes de capturas, entre ellos, cuatro hombres y seis mujeres, acusados por el delito de extorsión durante el desarrollo de los 19 allanamientos de domicilio en contra de estructuras criminales.
Se trata de Dony Edilberto Reyes Sandres, José Roberto Rivera Canizales, Alan Ricardo Pantoja Laínez, Brayan Isac Sánchez Barahona, Génesis Paola Raudales García, Danni Dayani Bustillo Mejía, Alejandra Paola Elvir Velásquez, Paola Alexandra Molina Rodríguez, Heyvis Valentina Betanco Baca y Ada Maritza Hernández García, capturados por la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO).
Informaron que luego de la desarticulación de estas células de extorsión en distintas ciudades del país, los detenidos serán remitidos al juzgado con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción de Tegucigalpa, para el respectivo proceso penal.
De los allanamientos, 14 tienen lugar en la ciudad de Tegucigalpa y los restantes cinco en San Pedro Sula y La Lima, Cortés; Juticalpa, Olancho y en Choluteca, donde se identificaron sectores de los que la pandilla 18 habían tomado el control y donde se procederán a ejecutar de manera simultánea órdenes de captura.
La operación responde a un requerimiento fiscal que en las últimas horas presentó la Sección Antiextorsión de la FESCCO, que, desde hace varios meses, viene trabajando el caso e identificando “clicas” dedicadas a este tipo de delitos dentro de la agrupación criminal Barrio 18, facilitándose el recaudo de la extorsión, pues directamente desde un celular y billeteras digitales mueven el dinero ilegal que obtuvieron del uso de la violencia e intimidación.
En tal sentido, ese es el modus operandi, según las investigaciones interagenciales, que se ha identificado consistente en el empleo y uso de transferencias electrónicas para el recaudo y cobro de la extorsión, el cual exigían a comerciantes de las zonas donde se está operativizando.
En los allanamientos, se recolectan indicios en torno a la concurrencia de cualquier otro ilícito en que se hayan visto involucrados los imputados; de momento, la acusación del MP es por el delito de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.