Se acaba vigencia de la interventora de Invest-H y los hospitales móviles siguen en el «limbo»

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***Advirtieron que, en caso de ser necesario, el periodo de intervención podrá ser ampliado hasta el cumplimiento de los objetivos por la que fue nombrada.

Tegucigalpa, Honduras

El gobierno de la República juramentó el pasado 25 de julio del 2020, una junta interventora transitoria que asumió por 180 días el control de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), por lo que solo les resta un poco más de dos semanas de vigencia en sus funciones.

La junta integrada por José Ernesto Leva Bulnes, quien la preside, además de José Gustavo Boquín Suárez y José Alberto Benítez Portillo, llegó a la institución luego que Invest-H estuviera y siga en el “ojo del huracán” por la presunta compra irregular de siete hospitales móviles a un intermediario que a su vez los compró a Turquía. Honduras pagó 48 millones de dólares (1,200 millones de lempiras) al contado por los nosocomios, de los que apenas uno está funcionando.

Dos titulares de Invest-H pasaron por dicha institución durante ese tiempo: Marco Bográn y Evelyn Bautista, el primero seriamente cuestionado por la compra de los sanatorios rodantes.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno, con la Junta Interventora se reiniciaría, de inmediato, los proyectos sociales, productivos y comunitarios que se venían realizando a través de Invest-H.

Asimismo, que en virtud de que hay investigaciones en curso, se decidió conformar una Junta Interventora transitoria a fin de que, por un periodo de 180 días, asumiera el control de Invest-H y reactivara de inmediato todos los proyectos sociales que fueron suspendidos a raíz de la pandemia COVID-19.

La interventora apoyaría el proceso para sanear la situación administrativa, financiera y funcional Invest-H. Aunque advirtieron, que, en caso de ser necesario, el periodo de intervención podrá ser ampliado hasta el cumplimiento de los objetivos.

En su momento, los miembros de la Junta Interventora aclararon que ellos no iban a realizar una investigación, a fiscalizar o a acusar a nadie, porque esa responsabilidad es de las instituciones que en base a ley tienen esas facultades, con los que colaborarán poniendo a su disposición toda la información necesaria, aunque hasta el momento, no hay ninguna auditoria sobre la cuestionada compra.

De igual forma, recibieron instrucciones de realizar las gestiones que legalmente correspondan para agilizar la pronta instalación de los mismos en las ciudades ya estipuladas, pero hasta el momento, solo el de San Pedro Sula comenzó a funcionar, mientras han dado prorrogas al de Tegucigalpa y los demás, no se conoce el proceso que llevan. GO/Hondudiario

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