***El Conadeh reiteró su llamado, al Estado de Honduras, para que apruebe la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, con el firme propósito de dar respuesta integral a la población y a las comunidades afectadas.
Unas 942 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado y tuvieron que abandonar sus hogares para salvaguardar su integridad física y la vida como consecuencia de la violencia generalizada, durante el año 2021, revela un informe divulgado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
El informe señala que la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI), del Conadeh, atendió 917 quejas, durante el año 2021, de las cuales resultaron afectadas unas 2,529 personas, de ellas 942 (37%) fueron víctimas de desplazamiento forzado mientras que, 1,587 (63%) están en riesgo de desplazamiento. En algunos casos, las víctimas tuvieron que salir del país en busca de protección internacional.
En el marco del inicio de la Semana Nacional de los Derechos Humanos que se celebra del 24 al 30 de octubre, el Conadeh reiteró su llamado, al Estado de Honduras, para que apruebe la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, con el firme propósito de dar respuesta integral a la población y a las comunidades afectadas.
“Su pronta adopción permitirá establecer mecanismos de protección para las víctimas y formular la Política Nacional de Prevención de las Causas del Desplazamiento, así como, clarificar los criterios de competencias y roles de las instituciones del nivel central y local y la complementariedad con organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales”.
Entre el 2016 y el 2021, la UDFI atendió 5,081 quejas de las cuales, en 3,056 (60%) las personas estaban en riesgo y en 2,025 en situación de desplazamiento forzado.
Es de resaltar que, de acuerdo a las quejas atendidas durante este periodo (2016 – 2021) el número de personas afectadas ascendió a 12,067 de las cuales, 6,482 (54%) estaban en riesgo y en condición de desplazado 5,555 (46%).
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), a través de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI), adscrita a la Defensoría Nacional de Movilidad Humana hace del conocimiento público los hallazgos principales del Informe Especial sobre el Desplazamiento Forzado Interno en Honduras, durante el año 2021, con los antecedentes, conclusiones y recomendaciones, que a continuación se detallan:
Antecedentes:
En agosto del 2016, el CONADEH con la asistencia técnica de ACNUR activó la UDFI, con el objetivo de monitorear el fenómeno de desplazamiento forzado interno, a nivel nacional, mediante la
generación de datos que permitan conocer la magnitud, tendencias, perfiles de riesgo relacionados al desplazamiento forzado en Honduras. Además, brindar atención a las personas desplazadas y en riesgo de desplazamiento a través del primer esquema de atención estatal, con cobertura a nivel nacional.
Hallazgos del Informe Especial 2021
- Durante el año 2021, el CONADEH atendió, a nivel nacional, 9,784 quejas, de las cuales, 917 fueron por desplazamiento forzado o riego de desplazamiento, esto representa el 9% de los casos a nivel nacional. Los casos incluyen un total de 2,529 personas afectadas de las cuales, 942 (37%) fueron víctimas de desplazamiento y 1,587 (63%) en riesgo de desplazamiento, como consecuencia de la violencia generalizada y vulneraciones de los derechos humanos. En algunos casos, las personas tuvieron que salir del país en busca de protección internacional.
- Los grupos de población, en condición de mayor vulnerabilidad, afectados por el desplazamiento forzado, son las mujeres, los niños, las personas adultas mayores, pueblos indígenas y afro hondureños, personas LGTBI, defensores de derechos humanos y personas con discapacidad física.
- La niñez sigue siendo uno de los sectores de la población directa o indirectamente, más vulnerable, ante el desplazamiento forzado por la violencia. 561 personas menores de 18 años (284 niñas y 277 niños) integraron los hogares desplazados o en riesgo en el 2021, de los cuales el 70% fueron menores de 12 años y el 17% de adolescentes.
Al menos 13 departamentos han sido escenario de desplazamiento o riesgo de desplazamiento de niñas, niños y jóvenes, siendo Francisco Morazán con 295, Cortés 72, Choluteca 75 y Atlántida con 43, los lugares donde se concentra el mayor número de casos. - La ubicación de las quejas relacionadas al riesgo o al desplazamiento durante el año 2021, se concentró mayoritariamente en cuatro departamentos: Francisco Morazán (373), Cortés (186), Choluteca (89) y Atlántida (76). En el departamento de Gracias a Dios se registró un incremento del 267% (En el 2020 se registraron 6 quejas y 22 en el 2021), asociadas al tráfico de drogas que generó el despojo de viviendas y tierras.
- El CONADEH atendió quejas sobre desplazamiento forzado en 23 municipios del país, con una mayor concentración en el Distrito Central (373), San Pedro Sula (186), Choluteca (89) La Ceiba (76). Por primera vez, Choluteca superó el número de casos al departamento de Atlántida en el año 2021, lo que da luces sobre el incremento de hechos violentos que se han reportado en ese departamento en los últimos meses.
- Entre los principales agresores que causan riesgo y/o desplazamiento a nivel nacional figuran: Personas desconocidas (335), maras y pandillas (260), personas conocidas (134),
vecinos (51), pareja (47), bandas criminales (39), familiares (23), operadores de justicia (20), narcotraficantes (3), compañeros de trabajo (2) y autoridades locales (1). - Las amenazas (56.1%) asesinatos de integrantes de familias (14.4%), extorsión (10.6%), tentativa de homicidio (5.9%), violencia de género (4.3%) y reclutamiento, son los principales hechos de violencia que generaron riesgo de desplazamiento y desplazamiento forzado de personas.
- El 57% de las quejas fueron por interpuestas por hombres (relacionadas con situaciones de riesgo asociados a su ocupación) y el 43% por mujeres (relacionadas con violencia de género y reclutamiento forzado de sus hijos e hijas).
- El 64% de las quejas fueron interpuestas por personas adultas de 31 a 59 años; el 27% por jóvenes de 18 a 30 años. En el caso particular de los adultos mayores fueron atendidas 36 quejas que se relacionan a problemas de herencia, expulsión de la vivienda y maltrato familiar.
- Los grupos más afectados por situaciones de desplazamiento fueron las mujeres amas de casa (160 casos), comerciantes (149), conductores/ taxistas (35), agentes policiales (31), agricultores (26), docentes (27), albañiles y carpinteros (26), abogados (25), entre otros.
CONCLUSIONES:
- Entre el 2016 y el 2021 la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del CONADEH atendió 5,081 quejas de las cuales, en 3,056 (60%) las personas estaban en riesgo y 2,025 en situación de desplazamiento. Es de resaltar que de acuerdo a las quejas atendidas durante este periodo (2016 – 2021) el número de personas afectadas ascendió a 12,067 de las cuales,6,482 (54%) estaban en riesgo y en condición de desplazado 5,555 (46%).
- La UDFI constituye un soporte de relevancia en el trabajo de CONADEH, en la realización de acciones de prevención, información, promoción de derechos humanos, sensibilización y atención de la población en riesgo o desplazamiento forzado.
- Es invaluable aporte técnico de ACNUR a la sociedad hondureña y en particular al CONADEH, para la ejecución de acciones en favor de población en condición de movilidad humana.
Recomendaciones:
- Al Estado de Honduras, que apruebe la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente con el firme propósito de dar respuesta integral a la población y a las comunidades afectadas. Su pronta adopción permitirá establecer mecanismos de protección para las víctimas y formular la Política Nacional de Prevención de las Causas del Desplazamiento, así como, clarificar los criterios de competencias y roles de las instituciones del nivel central y local, y la complementariedad con organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales.
- A la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV): Orientar sus esfuerzos al diseño de mecanismos interinstitucionales para la prevención de las causas que generan el desplazamiento, atención y protección de las víctimas, y programas para lograr soluciones duraderas.
- A las instituciones del Estado: Instalar y fortalecer procesos expeditos para la atención de las personas que requieren de protección y que se encuentran en situación de vulnerabilidad como resultado de riesgos o desplazamientos forzados.
- A las instituciones del Estado, organizaciones internacionales humanitarias y agencias de cooperación: Trabajar conjuntamente para el fortalecimiento de programas de prevención de la violencia desde un enfoque de protección apegado al pleno respeto de los derechos humanos.
- A la población general: Conocer más sobre el desplazamiento forzado y contribuir en las acciones preventivas, de apoyo y acompañamiento a las víctimas y de participación activa desde la base comunitaria.