*** Las Naciones Unidas han condicionado que para la instalación de la Comisión Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), el Estado hondureño debe derogar este decreto, controvertido.
El Pleno de la magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitirá un fallo de “carácter político” y no declarará la inconstitucionalidad del Decreto de Amnistía para los exfuncionarios acusados y otros hasta que ya habían sido condenados, del otrora Gobierno del Poder Ciudadano (2006 – 2009), señaló este martes el analista jurídico y dirigente del Partido Liberal, Octavio Pineda.
“Hoy no va a pasar nada, se va a mantener el status quo , es decir, se va a declarar constitucional la amnistía”, declaró el jurista sobre la reunión que los magistrados sostendrán en el transcurso de este día para conocer los recursos presentados.
Pineda añadió, que, “si la Corte falla desde el punto de vista estrictamente jurídico, el resultado debería ser uno” contrario a la amnistía política, que ya sirvió para extinguir acusaciones y revertir condenas a exfuncionarios afines a Libertad y Refundación (LIBRE), que fueron parte del Gabinete de Ministros y asesores del expresidente, José Manuel Zelaya.
“Pero como es un elemento político que está inmerso en esta discusión, no me cabe la menor duda de que será un fallo con carácter político”, dijo el abogado constitucionalista.
Pineda cuestionó al Poder Judicial sobre, “¿qué pasa con aquellos que ya fueron favorecidos con esta amnistía? Si el fallo de la Corte es ex nunc o incluso ex tunc , aquellos que ya fueron beneficiados no pueden ser afectados nuevamente, por lo tanto, se va a mantener el status quo”
Este martes, el Pleno de la CSJ estará integrado por nueve magistrados propietarios, otros cinco integrantes y un abogado independiente, fueron convocados desde las 8:00 AM para conocer los recursos de inconstitucionalidad de la Amnistía Política, mejor conocido como pacto de impunidad.
Las Naciones Unidas han condicionado que para la instalación de la Comisión Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), el Estado hondureño debe derogar este decreto, controvertido y cuestionado por diversos sectores de la sociedad civil hondureña. (JQ)
