*** Para Castellanos, la derogación del Fondo Departamental solo se trata de una propaganda mediática para consagrarse con la CICIH.
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afianzó que la derogación del Decreto 2026-2019 conocido como Fondo Departamental fue un acto de inconstitucionalidad al no contar con los votos requeridos.
“El Congreso y su junta directiva al frente, apartada de todo acto legal, acaba de derogar el Decreto n.º 116-2019… pero en un arrebato por maquillar la lucha contra la corrupción violaron flagrantemente la norma jurídica”, comenzó explicando Castellanos.
Según la opinión de la abogada, la ley debió ser derogada con ochenta y seis votos y no con ochenta votos, en ese caso, representa un “acto totalmente inconstitucional”, por lo tanto, la ley sigue “viva y coleando en su origen de saqueo público”.
Las modificaciones de la normativa se realizaron, de acuerdo al oficialismo, para apresurar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), la cual es una “propaganda mediática, con el fin de congraciarse” con la entidad anticorrupción.
No así, apuntó Castellanos “se tocarán ni con el pétalo de una propuesta” los demás pactos de corrupción, como la cadena de impunidad que originó la Lista Engel y la ley que da amnistía a los empleados que fungieron en 2009 y “que perdonó graves delitos de corrupción y delitos de terrorismo”.
En relación a proceder a modificar unas leyes y otras no, en el Legislativo “es todo un maquillaje de podredumbre que el Congresito adorna su gestión ilícita por órdenes superiores”.
Por su parte, el Oficialismo aseguró que la normativa se derogó y de forma legal amparándose en el artículo 69 de la Ley Orgánica que establece “solo necesitábamos la mayoría de los presentes, que estábamos 122 congresistas. Entonces con 57 se aprobaba y votamos 82”, detalló el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé. PC/Hondudiario