Dictamen de la Ley Tributaria se presentaría en abril a la secretaría del Congreso

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*** La Ley de Justicia Tributaria es propuesta por el Gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya.

Tegucigalpa, Honduras

El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, adelantó que en abril se presentaría ante la secretaría del Congreso Nacional el dictamen de la iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria.

“Yo creo que en abril el presidente de la comisión, Hugo Noé Pino, presentará el dictamen a la secretaría del Congreso Nacional”, declaró.

El congresista del oficialismo reconoció que la iniciativa de ley es importante para el Gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya y el futuro de Honduras.

Según comentó la Ley de Justicia Tributaria está socializada con todos los sectores, incluso las fuerzas políticas a lo interno del Congreso Nacional, y como resultado se tienen varias observaciones.

Por otro lado, señaló que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) representa a la minoría de empresarios que están exonerados y no pagan impuestos.

Los grandes empresarios están exonerados hasta 2040, por lo que saldrán beneficiados y la ley no les alcanzaría, acotó.

Barrios anticipó que intención de la junta directiva del Congreso Nacional es buscar los consensos necesarios para aprobar la ley con más de 65 votos.

La Ley de Justicia Tributaria propuesta por el Gobierno de la presidenta Xiomara de Zelaya tiene como objetivo principal realizar cambios profundos y estructurales en Honduras para revertir la pobreza y desigualdad, según defiende la fuente oficial.

La iniciativa generó un amplio debate en la sociedad hondureña. Aunque la ley busca instaurar un sistema tributario “progresivo y justo”, ha recibido críticas de diversos sectores.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) expresó su preocupación sobre la ley, argumentando que podría desalentar las inversiones y crear desempleo debido a la incertidumbre y desconfianza que genera en la iniciativa privada. A pesar de estas críticas, el Gobierno ha defendido la ley, afirmando que permitirá aumentar los ingresos del Estado, generar inversión y reducir las empresas abusadoras de privilegios.

La presidenta Castro ha sido contundente en su posicionamiento, expresando que no cesará en su lucha por “refundar” Honduras y evitar los abusos de los regímenes de exoneraciones.

 

 

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