*** El fallo sobre las ZEDEs ha desviado la atención pública hacia otros temas.
El analista Kenneth Madrid señaló este lunes que si las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) ya se declararon inconstitucionales por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Ley de Amnistía también debería correr la misma suerte.
“Acá lo que uno espera es que todo este marco de situaciones no sean distractores ni cortinas de humo, sino que realmente exista un interés directo de generar prosperidad para Honduras”, expresó Madrid.
Según el analista, aunque desde hace tiempo se ha señalado la inconstitucionalidad de las ZEDEs y la necesidad de corregir varios aspectos, la aplicación de un fallo con efecto retroactivo podría causar grandes problemas al país.
Madrid añadió que, en su opinión, el fallo sobre las ZEDEs ha desviado la atención pública hacia otros temas, lo que podría afectar la percepción y el valor de la Ley de Amnistía. “Prácticamente quieren que aquí se comience a hablar de otra cosa y que pierda valor la amnistía como tal”, dijo.
El analista hizo un llamado a la CSJ para que mantenga coherencia en sus decisiones. “Así como en ese fallo generan un respeto absoluto a la Constitución, una espera también que se pronuncien con el respeto que debe haber hacia la amnistía”, comentó.
Madrid argumentó que una amnistía política no debería incluir delitos contra la administración pública, ya que estos son considerados delitos comunes. “Los delitos comunes sólo pueden ser conexos a los políticos”, puntualizó.
El abogado reiteró que el fallo de la CSJ podría tener importantes implicaciones para el país, y pidió un análisis más profundo de los efectos legales de la derogación de las ZEDEs y su impacto en otros marcos legislativos.
Al respecto, consideró que los diputados que votaron a favor de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) no pueden ser acusados por el delito de traición a la patria.
Aunque el delito de traición a la patria si está tipificado en el actual Código Penal, específicamente en el artículo 555 con una pena de 20 años de reclusión.
“Para eso existe el equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, cuando el Poder Ejecutivo se excede corrige el Judicial, cuando el Legislativo se excede lo hacer el Judicial”, apuntó. OB/Hondudiario
