*** El Gobierno hondureño y las Naciones Unidas han firmado un memorándum de entendimiento.
El analista y economista, Nelson Ávila, compartió recientemente en sus redes sociales su perspectiva sobre la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
Ávila enfatizó que la presencia de la CICIH en el país dependerá principalmente de la voluntad política. Han transcurrido 815 días desde que la presidenta Xiomara de Zelaya expresó su compromiso de buscar la instalación de la CICIH en Honduras desde su asunción al cargo.
“CICIH estará en Honduras cuando exista voluntad política y que el Estado no sea dirigido por corruptos, inmunes, impunes, fraudulentos”, dijo.
En la actualidad, el Gobierno hondureño y las Naciones Unidas han firmado un memorándum de entendimiento, extendiendo su acuerdo hasta junio de este año.
Mientras tanto, continúan las negociaciones para definir el texto del convenio. Esta semana, Xiomara Hortensia Zelaya, diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) e hija de la pareja presidencial, presentó al Congreso Nacional una iniciativa para establecer una Ley Especial que regule el funcionamiento de una eventual CICIH en Honduras.
ONU pidió reservas
El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, reiteró en un programa de televisión que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es quien solicitó mantener en secreto las negociaciones respecto a la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción.
Esta afirmación surge en respuesta a las demandas de diversos sectores que exigen mayor transparencia sobre las conversaciones entre el Gobierno y la ONU para establecer este mecanismo, tal como lo prometió la actual presidenta Xiomara de Zelaya y su partido Libre durante la campaña electoral.
Reina también destacó que la iniciativa legislativa presentada por la diputada Xiomara Hortensia Zelaya Castro, hija de la mandataria, para crear una ley que respalde la CICIH, incorpora muchas de las sugerencias de la ONU. Entre estas sugerencias se incluye la eliminación de la inmunidad de los parlamentarios y la autonomía del querellante, que van más allá de lo solicitado por las organizaciones de la sociedad civil. OB/Hondudiario
