*** El funcionario señaló que las represalias contra los trabajadores son ilegales.
El ministro del Servicio de Administración de Renta (SAR), Marlon Ochoa, advirtió que la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), estará en toda la disposición de sancionar a las empresas que amenacen a sus empleados por no participar en protestas contra la Ley de Justicia Tributaria.
La STSS estará en toda la disposición en caso de que estas empresas emprendan acciones como despidos o suspensiones de salario contra los empleados que no participen en las movilizaciones, como la del martes en la zona sur del país, según indicó Ochoa.
El funcionario señaló que las represalias contra los trabajadores son ilegales, aun así, la ministra del Trabajo, Saraí Cerna, no se ha pronunciado sobre las eventuales sanciones.
“Quiero destacar que es falso, algunas aseveraciones que han dicho estas empresas que van a perder sus exoneraciones dentro de dos años”, declaró Ochoa.
El ministro aseveró que accedió a mensajes donde se muestra que “algunos de los dueños de estas empresas han amenazado a los empleados con que si se aprueba la Ley (Tributaria) van a despedirlos a todos dentro de dos años”.
“Yo creo que es mentira que algunas empresas se van a ir. Solo las camaroneras el año pasado tuvieron más de dos mil millones de lempiras en utilidades, ¿cómo se van a ir empresas que tuvieron miles y miles de lempiras en utilidades”, apuntó.
Ochoa estimó que algunas camaroneras tienen por delante 14 años de exoneraciones y la ley reconoce el goce de esos beneficios, por lo que no considera que en dos años se vayan del país.
El martes un numeroso grupo de productores (al menos 15 mil) de melón y camarón de la zona sur del país se movilizó en protesta contra la Ley Tributaria. Los manifestantes señalaron que la propuesta del Ejecutivo va a “empobrecer el pueblo”.
Hasta ahora, algunos sectores como la empresa privada se manifestaron en contra de la Ley, por lo cual se ha generado un debate entre diversos actores sobre las posibles consecuencias que se puedan suscitar en cuanto a un impacto en la economía del país, en particular sobre los grupos en condición o situación de vulnerabilidad.
Mientras tanto, el Gobierno se esfuerza en convencer a la población hondureña que el proyecto enviado al Congreso traerá multitud de beneficios y mejoras a la nación. OB/Hondudiario
