*** Según la denuncia, uno de los acusados justificó la persecución legal por su cercanía con el expresidente Zelaya.
[su_heading]Tegucigalpa, Honduras [/su_heading]
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes una denuncia contra dos jueces, a quienes acusa de haber favorecido con amnistía a exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, procesados por delitos relacionados con la administración pública. La denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público, según informó Gabriela Castellanos, directora del organismo.
“El CNA ha presentado una denuncia, ante el Ministerio Público, dirigida a dos togados, a dos jueces, en donde aplicaron precisamente lo que el Congreso Nacional, muchos diputados y diputadas aprobaron, como el Decreto 04-2022, en donde no hay más que impunidad”, señaló Castellanos.
La abogada explicó que dicho decreto fue concebido para perdonar delitos comunes y políticos, pero no aquellos relacionados con la administración pública. Sin embargo, varios jueces habrían utilizado esta normativa para beneficiar a exfuncionarios vinculados al expresidente Zelaya y a la actual administración de la presidenta Xiomara Castro.
“Hoy vemos cómo varios jueces de la Corte Suprema de Justicia aplicaron ese instrumento para beneficiar a un funcionario, asesor, de Casa Presidencial o más allá del expresidente y de la presidenta Xiomara Castro, y a otra persona como el señor Marcelo Chimirri”, detalló Castellanos.
Chimirri, según la denuncia, no ostenta actualmente un cargo de alto perfil, pero sigue formando parte de un círculo que apoya al gobierno y sus decisiones, explicó la directora del CNA, ya que estos casos evidencian el uso inapropiado del decreto para proteger a aliados políticos.
La denuncia también menciona que los acusados alegaron ser víctimas de persecución política tras el golpe de Estado de 2009, un argumento que, de acuerdo con el CNA, fue atendido de manera expedita por los jueces responsables.
“El decreto 04-2022 se ha utilizado como una puerta abierta para que funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009 puedan acogerse a este pacto por actos propios del ejercicio de su función pública”, explicó Castellanos.
Asimismo, la directora del CNA acusó al Congreso Nacional de haber entregado la “llave maestra” para garantizar la impunidad de estos casos, mediante la aprobación de leyes diseñadas para proteger a ciertos personajes.
“Regalar impunidad es fácil cuando los diputados saben que se encuentran protegidos mediante el decreto 117-2019, la famosa impunidad parlamentaria”, afirmó, en referencia a las leyes que blindan a los legisladores de ser investigados.
Castellanos señaló que la responsabilidad recayó finalmente en los jueces, quienes habrían aplicado este instrumento jurídico para favorecer a sus aliados políticos. La denuncia subraya que los magistrados impartieron justicia selectiva basándose en argumentos débiles.
Según la denuncia, uno de los acusados justificó la persecución legal por su cercanía con el expresidente Zelaya, mientras que otro aseguró que su condición de funcionario público lo convirtió en un objetivo para los operadores de justicia.
“Ninguno se refirió a las verdaderas razones, es decir, los delitos por los cuales fueron acusados”, concluyó Castellanos, y anticipó que estos procesos están marcados por arreglos políticos que socavan la justicia y abren la puerta a futuras amnistías. OB/Hondudiario
