*** Diferentes sectores del país y la comunidad internacional piden la derogación del Decreto de Amnistía o “pacto de impunidad”.
El diputado del Partido Nacional, Ramón Carranza, señaló que la Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitará al gobierno de Honduras la derogación del Decreto de Amnistía para poder instalar la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
El Decreto de Amnistía es la resolución que liberó a varios exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, esposo y actual asesor de la presidenta Xiomara Castro.
Carranza reseñó que, durante la audiencia del Subcomité del Congreso de EEUU, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, pedirá a Honduras la derogatoria del denominado “Pacto de Impunidad 2.0” para la instalación de la CICIH.
“La población requiere herramientas ante la corrupción, y qué recibe, más postergación. La corrupción no duele a los más poderosos, sino a los más sencillos”, dijo.
En la audiencia, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, realizó una “actualización” de cómo avanza el proceso para instalar la CICIH en Honduras y lo que está haciendo el Gobierno de Castro de Zelaya para lograrlo.
“Nos alegra que el equipo de Naciones Unidas comenzó su evaluación técnica de los cambios legales institucionales para que pueda operar una CICIH”, destacó.
“Efectivamente, las Naciones Unidas le pedirá a Honduras que haga varios cambios, incluyendo potencialmente repeler la Ley de Amnistía”, afirmó.
“Habrá que implementar los cambios rápidamente y eso sería una prueba de cuan serio está tomando el Gobierno de Honduras su compromiso”, adicionó el funcionario de EEUU.
Amnistía política
El 4 de febrero de 2022, el Congreso Nacional de Honduras aprobó una ley de amnistía que exime de responsabilidad penal a los participantes en el Golpe de Estado de 2009, a los responsables de la represión de las protestas que siguieron al golpe y a los funcionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales que fueron acusados de corrupción.
La ley ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que la consideran un intento de encubrir los crímenes cometidos durante el golpe de Estado y de proteger a los responsables. La normativa también es criticada por la comunidad internacional, que ha pedido al Gobierno de Honduras que la derogue.
Algunos de los beneficiados son Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel y exfuncionario en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), fue acusado por tres delitos en perjuicio de la administración pública, estos son por supuesto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, y fraude.
También Enrique Flores Lanza, actual asesor presidencial, y a quien se le identifica por el famoso caso del “carretillazo”.
Otro de los beneficiados es el diputado de Libre, Rasel Tomé, quien también fue presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en el periodo 2006 al 2008 en el gobierno de Zelaya Rosales. OB/Hondudiario
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— Noticieros Hoy Mismo (@HoyMismoTSI) October 26, 2023
