Desde el Congreso Nacional se promueve la democracia, pero teñida de “ilegalidad”  

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*** El Congreso ha sido criticado por su falta de transparencia en la aprobación de leyes y en la asignación de fondos. 

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional de Honduras ha estado envuelto en una serie de polémicas desde que Luis Redondo asumió la presidencia de ese poder del Estado en enero de 2022. Estas polémicas han incluido acusaciones de ilegalidades, falta de transparencia y nepotismo.  

Como presidente del Congreso Nacional, Redondo ha sido un firme defensor de la democracia y la transparencia, pero es cuestionado por la ingobernabilidad que hay dentro del Legislativo, se quedó sin el respaldo de su partido y su incapacidad de poder generar consensos.  

Además, el Congreso ha sido criticado por su falta de transparencia en la aprobación de leyes y en la asignación de fondos.  

Junta Directiva “ilegal”  

Luis Redondo, presidente del CN

Para empezar, el 21 de enero del 2022 se juramentaron dos juntas directivas paralelas del Congreso Nacional: por un lado, tomó presidencia el diputado Jorge Cálix, del partido Libertad y Refundación (Libre) y por otro Redondo, en representación del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Cálix fue juramentado por el entonces ministro de Gobernación, Leonel Ayala, como ordena la legislación nacional, mientras que Redondo dio su promesa de ley ante el diputado Rasel Tomé de Libre.

Posteriormente, el 23 de enero, ambas juntas directivas fueron ratificadas por dos sectores de parlamentarios; en el caso de Cálix, quien tomó posesión en Bosques de Zambrano, a unos 32 kilómetros de Tegucigalpa, con el respaldo de 79 diputados propietarios.

Mientras tanto, en el Hemiciclo Legislativo, otra facción de 94 diputados (entre propietarios y suplentes) ratificaron a Redondo como titular del Poder Legislativo.

No obstante, en un compromiso suscrito el 7 de febrero de 2022, Jorge Cálix declinó sus pretensiones y se comprometía “a asistir a las reuniones de diputados en el Hemiciclo Legislativo”, dejando solo a Redondo como presidente del CN.

Aunque las opiniones están divididas, las dudas sobre la legitimidad de la Junta Directiva del actual Congreso hondureño siguen hasta fecha.

Amnistía política  

El 4 de febrero de 2022, el Congreso Nacional de Honduras aprobó una ley de amnistía que exime de responsabilidad penal a los participantes en el Golpe de Estado de 2009, a los responsables de la represión de las protestas que siguieron al golpe y a los funcionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales que fueron acusados de corrupción. 

La ley ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que la consideran un intento de encubrir los crímenes cometidos durante el golpe de Estado y de proteger a los responsables. La ley también ha sido criticada por la comunidad internacional, que ha pedido al gobierno de Honduras que la derogue. 

Algunos de los beneficiados son Marcelo Chimirri, exgerente de Hondutel y exfuncionario en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), fue acusado por tres delitos en perjuicio de la administración pública, estos son por supuesto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, y fraude. 

También Enrique Flores Lanza, actual asesor presidencial, y a quien se le identifica por el famoso caso del “carretillazo”.  

Otro de los beneficiados es el diputado de Libre Rasel Tomé, quien también fue presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en el periodo 2006 al 2008 en el gobierno de Zelaya Rosales. 

Una más es la polémica que se generó en la elección de las cabezas de la Procuraduría General de la República (PGR), pues para muchos no se hizo de manera correcta y tampoco siguiendo lo que reza la Constitución. 

En consecuencia, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia en el Ministerio Público por el nombramiento de los procuradores generales de la República, Manuel Antonio Díaz Galeas como titular y Tomás Emilio Andrade Rodas como subprocurador. 

Adhesión a la CAF  

Una de las polémicas más recientes en la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF), sin aprobarse la ratificación del acta y anunciar el pago.  

La adhesión de Honduras a la CAF fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta a pesar de que el Parlamento hondureño no ratificó el acta de incorporación del país al ente financiero regional.

Diputados de oposición y diferentes sectores sociales rechazaron la publicación de la adhesión de Honduras al CAF y calificaron al Gobierno de “irresponsable”.

Aun así, la presidenta Xiomara Castro, anunció Honduras ya realizó el primer pago al Banco de Desarrollo de América Latina, pese a que el Parlamento no ratificó el acta de incorporación.

En respuesta, diputados de las bancadas del partido Liberal, Nacional y Salvador de Honduras (PSH), agrupados en el Frente Parlamentario Multipartidario para el Fortalecimiento de la Democracia y el Estado de Derecho de Honduras, se dirigieron al Ministerio Público (MP) para presentar una denuncia contra la Junta Directiva del Congreso.  

Fondo departamental  

Lo último, es la derogación del Decreto 116-2019, conocido como Ley del Fondo Departamental. Hay quienes alegan que la normativa fue eliminada de manera correcta con el acompañamiento de mayoría simple, mientras otros aseguran que la misma debió alcanzar los 86 votos; es decir, dos terceras partes de los 128 diputados.

Las polémicas en el Congreso Nacional han erosionado la confianza de la población en el poder legislativo. La oposición ha pedido la renuncia de Redondo y de los demás miembros del Congreso. Sin embargo, Redondo ha rechazado las acusaciones y ha dicho que seguirá trabajando por la democracia y el bienestar del país. 

El Congreso Nacional es una institución clave en el sistema democrático hondureño. Es responsable de aprobar leyes, supervisar el trabajo del Gobierno y representar los intereses del pueblo. Sin embargo, las polémicas que han afectado al Congreso han socavado su credibilidad y su capacidad para cumplir con su misión. OB/Hondudiario  

 

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