El Congreso Nacional necesita legalidad antes de discutir y aprobar leyes: Fosdeh

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*** El Congreso Nacional de Redondo no deja atrás esa costumbre de aprobar decretos en opacidad.

Tegucigalpa, Honduras

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) se pronunció en las últimas horas sobre crisis actual del Congreso Nacional.

De momento, el Legislativo continúa con dos juntas directivas desde el 23 de enero del presente año, una de ellas presidida por Luis Redondo y que es apoyada por la presidenta, Xiomara Castro, y la otra por el diputado Jorge Cálix, disidente del partido Libertada y Refundación (Libre).

Al respecto, el auditor social, llamó a los diputados a deponer de sus intereses personales y dedicarse a resolver la crisis institucional actual del país.

“Creemos que si bien existen problemáticas que deben ser abordadas con urgencia; es necesario, en aras de la legalidad y efectividad de todos los actos que se ejecuten, que los diputados antepongan los intereses de la ciudadanía a los propios y resuelvan la crisis institucional mediante diálogo y consensos, previo a la discusión y aprobación que impacten la vida de los ciudadanos”, dice el Fosdeh en un comunicado.

Del mismo modo, señalan que el Congreso Nacional de Redondo no deja atrás esa costumbre de aprobar decretos con dispensa de debates y “lo que siempre la sociedad a criticado, aprobar proyectos de ley en horas nocturnas, sumado a desconocer quienes han votado por esas leyes y normativas”.

Si bien, la expectativa de la ciudadanía de aprobar la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) ha sido satisfecha, “pero ha sido oscurecida por una práctica ya conocida por todos; un pacto de impunidad para quienes han cometido delitos en perjuicio del buen funcionamiento de la administración pública, contradicción que genera desconfianza y coloca a la sociedad en permanente incertidumbre”, agrega.

El párrafo anterior es en relación a la aprobación de la amnistía para los enjuiciados por delitos políticos comunes y conexos y que, según la lectura de la ley incluye los tipos penales contra la administración pública en el periodo del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009. OB/Hondudiario

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