*** Pese a las críticas, el gobierno de Castro sigue defendiendo la medida, mientras la comunidad internacional sigue atenta a los acontecimientos.
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, subrayó que la actual crisis política que enfrenta el país se origina por el deterioro de la clase política, en parte debido a la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado.
Según el defensor, “cuando el narcotráfico y el crimen organizado ya entran a los líderes de los partidos políticos, estos se deterioran”, generando un caos social que se vive actualmente.
Maldonado también destacó que, en ciertos momentos, el narcotráfico pudo haber contribuido a sostener la economía del país, pero advirtió que esa situación ha traído consigo una factura en términos de violencia y criminalidad. “Varios departamentos que antes no estaban en el mapa del narcotráfico ahora sufren de este flagelo”, afirmó.
El presidente del Codeh sostuvo que la decisión de eliminar el tratado de extradición con Estados Unidos fue un error político significativo. “La mejor arma que tenía Honduras para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado era mantener la extradición, porque Honduras no puede seguir siendo refugio de delincuentes”, argumentó Maldonado.
Asimismo, reiteró que el país no cuenta con la capacidad necesaria para juzgar a los responsables del crimen organizado y del narcotráfico, haciendo hincapié en la debilidad del sistema judicial para enfrentar esos desafíos.
El pasado 3 de septiembre, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, denunció públicamente que existe un “plan para destruir” su gobierno, aludiendo a “fuerzas oscuras” que, según ella, buscan un nuevo golpe de Estado. Castro recordó que estas mismas fuerzas estuvieron detrás del derrocamiento de su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, en 2009.
En medio de este clima de tensión, Castro anunció la cancelación del tratado de extradición con Estados Unidos, alegando que la embajadora estadounidense, Laura Dogu, había interferido en asuntos internos, tras criticar una reunión entre autoridades hondureñas y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien ha sido sancionado.
En paralelo, varios analistas políticos han sugerido que la decisión de Castro podría estar motivada por el deseo de proteger a ciertos funcionarios o familiares, ante posibles pedidos de extradición. Este argumento fue insinuado por el canciller Eduardo Enrique Reina, quien mencionó el 29 de agosto que la cancelación se debió a temores de que el tratado se convirtiera en un “arma política” contra altos funcionarios o militares.
Pese a las críticas, el gobierno de Castro sigue defendiendo la medida, mientras la comunidad internacional sigue atenta a los acontecimientos. OB/Hondudiario
