***La exinterventora investigada, haciendo uso de una carta poder, cobró los fondos, que le fueron entregados a través de 49 cheques.
Tegucigalpa, Honduras
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutan un allanamiento de domicilio en la colonia Miramontes de Tegucigalpa, en seguimiento a un presunto desvío de más de siete millones de lempiras (Lps. 7,140,529.62).
Se trata de la residencia de la exinterventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Karla Patricia Pavón Bustillo, quien se presume se habría apropiado del dinero que serviría como indemnización para los familiares de privados a libertad que perdieron la vida en un incendio registrado en el centro penal de San Pedro Sula.
Como se recordará, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en relación a este caso, condenó al Estado por el siniestro ocurrido el 17 de mayo de 2004 en el que murieron 107 privados de libertad y por lo cual se obligó a Honduras a pagar más de trescientos mil lempiras (Lps. 317,000.00) a cada familiar.
Sin embargo, la exinterventora investigada, haciendo uso de una carta poder, cobró los fondos, que le fueron entregados a través de 49 cheques emitidos por el Banco Central de Honduras (BCH), recursos, a los que en parte, les habría dado otro uso para un provecho personal.
Consecuentemente, las diligencias que efectúa el Ministerio Público, por medio de fiscales asignados a la FETCCOP y agentes de Investigación de los delitos en contra de administración pública y patrimonial de la ATIC, están orientadas a la recolección de indicios que puedan constituirse como prueba frente a un eventual proceso penal.
Vale mencionar que, el pasado 21 de enero, se cumplió con una inspección en las instalaciones del INP, donde en ocasiones anteriores se había negado el ingreso del personal fiscal e investigativo. GO/Hondudiario
***Agregó que, en vez de indemnizar a personas por cometer un delito, se debe de prestar atención a otros intereses.
Tegucigalpa, Honduras
Marco Eliud Girón
El diputado por el Parido Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón, declaró que indemnizar aquellos que cometieron actos de corrupción sería una aberración para el Estado Derecho.
“La indemnización debe de ser nada mas a personas que estuvieron en el exilio y se les persiguió, pero indemnizar aquellos que cometieron actos de corrupción sería una aberración al Estado Derecho”, declaró.
Agregó que, en vez de indemnizar a personas por cometer un delito, se debe de prestar atención a otros intereses.
“No queremos estar discutiendo y en vez de indemnizar a personas por cometer un delito, se debe de estar hablando de cómo vamos a bajar el combustible, la energía eléctrica y darle empleo a la población para que no migre”, sostuvo.
Para finalizar, señaló que esta ley de amnistía se benefician personas que cometieron actos de corrupción y que ahora están libres.
Anteriormente, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, informó que dentro del decreto que se presentó para reformar la Ley de Amnistía, se pide indemnizar a los que fueron criminalizados por el golpe de Estado en 2009. RH/Hondudiario
***La estrategia judicial se lleva a cabo a pesar de que el presidente de EE.UU. había afirmado públicamente que los extranjeros merecían una compensación por el daño recibido.
Tegucigalpa, Honduras
Hace dos meses, el presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo públicamente que las familias migrantes separadas merecían una compensación por el daño padecido; sin embargo, en la Justicia su administración plantea cerrar los casos y desestimar los pedidos de indemnización, según un reciente reportaje de The Washington Post.
En concreto, los extranjeros separados de sus seres queridos han presentado unas 20 demandas y cientos de reclamos administrativos. Piden que el Estado repare, económicamente, las consecuencias psicológicas padecidas, y en algunos casos, las físicas.
No obstante, el Departamento de Justicia, que depende del Gobierno central, ya intentó rechazar varios de los casos en los estados de Pensilvania y California. De hecho, los abogados de las familias esperan que la administración de Biden adopte una estrategia similar en otros litigios.
«Son increíblemente hipócritas»
En un escrito del 7 enero, citado por el mencionado medio, el Gobierno preguntó retóricamente si «los adultos que ingresaron al país sin autorización» pueden hacer caso omiso a las leyes de inmigración, superponiendo la legislación de reclamos por daños y perjuicios: «Ellos no pueden», indicaron en el documento legal.
Frente a esta postura, los letrados que defienden a los migrantes lamentan la ambigüedad de la Casa Blanca: «Son increíblemente hipócritas», criticó Bree Bernwanger, letrada principal del Comité de Abogados por los Derechos Civiles del Área de la Bahía de San Francisco, que representa a tres familias. «Han venido a la Corte presentando fundamentalmente los mismos argumentos legales que Donald Trump», agregó.
Bajo la anterior gestión republicana, unos 5.500 niños fueron separados de sus padres en un intento por desalentar la migración masiva. Biden, en su campaña electoral, había calificado a esta situación como una «tragedia humana». Ya en la Presidencia, lanzó un equipo de trabajo con el objetivo de reunir a las familias separadas.
Negociación estancada
Así, durante ocho meses el Departamento de Justicia negoció con los abogados de los migrantes, pero los diálogos se trabaron luego de que trascendiera la posibilidad de que el Estado les pagara hasta 450.000 dólares a cada familia. Esta información, revelada por la prensa local, causó malestar entre los republicanos, aunque Biden señaló que esa versión era «basura», o una noticia falsa.
De todos modos, en noviembre el presidente decía: «Si de hecho, debido al comportamiento escandaloso de la última administración, estabas cruzando la frontera, ya sea legal o ilegal, y perdiste a tu hijo, mereces algún tipo de compensación, no importa cuál sea la circunstancia».
Mientras tanto, los expedientes avanzan en la Justicia estadounidense y en caso de que los migrantes separados de sus familiares obtengan resoluciones favorables, el monto compensatorio podría ser mayor al informado por los diarios. «Ciertamente seguimos abiertos a más negociaciones de acuerdos en el futuro», remarcó Verónica Finkelstein, abogada del Departamento de Justicia.
Más allá de los diálogos estancados, la postura oficial en los tribunales se mantiene firme: «No son indemnizables», remarcaron en sus presentaciones judiciales. El argumento del Gobierno es que el Congreso no creó ninguna excepción para que las familias puedan demandar al Estado. Esto, incluso reconociendo que la política de separación de familias genera «efectos profundamente negativos».
Entre tanto, por fuera de las estrategias judiciales, los migrantes padecen la realidad de estar lejos de sus parientes. El caso de ‘Eréndira CM’ es bastante ilustrativo, separada de su hija de seis años en 2018 tras abandonar Guatemala en busca de una vida mejor: «Me siento traicionada y profundamente triste ahora que nos están peleando en la Corte», expresó. RT/Hondudiario
