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Política, Portada

“Legalizar” Junta Directiva del CN y derogar “pacto de impunidad”, piden antes de llegada de la CICIH

***Diputados nacionalistas han puesto en duda la venida de la CICIH en el primer trimestre de 2023, debido a varios factores.

Tegucigalpa, Honduras

El diputado nacionalista, Carlos Ledezma, dijo que primero se debe “legalizar” la Junta Directiva del Congreso Nacional (CN), presidida por Luis Redondo, antes de la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

“Primero que legalicen la Junta Directiva del Congreso Nacional como una de las peticiones de la ONU para que la CICIH venga a Honduras”, indicó.

Otro de los temas mencionados por el diputado del departamento de Choluteca, es la derogación del “Pacto de Impunidad”, según él, esta es dos de las varias peticiones hechas por la Organización de las Naciones Unidas.

“No tienen que estar engañando al pueblo levantándole falsas expectativas, primero que legalicen la Junta Directiva del Congreso y que deroguen el Pacto de Impunidad, y después que se reúnan con el que quieran en Estados Unidos”, remarcó el congresista de oposición.

Afirmó que la bancada del Partido Nacional está a favor de que se combata la corrupción, pero que no solo se investiguen los últimos 12 años de gobierno, sino desde el mandato del expresidente Manuel Zelaya Rosales, este gobierno y el próximo.

Por lo anterior, dijo “que se instale una CICIH hasta el año 2030, sin en verdad queremos que las cosas sean diferentes”

“Si en verdad queremos combatir la corrupción, pues que sea parejo y no justicia para unos y para otros no”, enfatizó el entrevistado en Radio América.

Pacto de Impunidad

El también diputado nacionalista, Antonio Rivera Callejas, consideró que la misión anticorrupción internacional no será instalada en la nación centroamericana, pues la no derogación del pacto de impunidad sería el principal impedimento.

“Yo creo que la ONU mientras este gobierno no derogue el pacto de impunidad (Ley de Amnistía) y no se anulen las cartas de libertad extendidas a personas (exfuncionarios) condenados por actos de corrupción, muy difícilmente vendrá”, dijo el parlamentario.

De esa forma, puso en duda la venida de la CICIH en el primer trimestre de 2023 mencionado algunos elementos.

“La ONU me imagino querrá investigar el periodo gubernamental de 2006 a 2009, pero con esa entrega a granel de cartas de libertad en los juzgados, la CICIH tendría una limitante y eso no es posible”, subrayó.

“Toño” Rivera es de la opinión que la CICIH debe venir al país con total y absoluta independencia legal y financiera a fin de investigar lo que ellos quieran o sientan importante.

“Yo veo difícil que la ONU venga si está ese decreto”, recalcó, al tiempo que agregó que no hay “voluntad política” del todo para llevar a cabo este proceso contra la impunidad.

Cabe señalar que, una delegación oficial hondureña viajó este martes a Nueva York para concluir con la Organización de Naciones Unidas (ONU), el proceso para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH). GO/Hondudiario

Economía, Portada

Cuestionan contratos millonarios aprobados en beneficio de la ENEE y piden investigarlos

***“Yo he abierto varios de los contratos y en ninguno de ellos he encontrado la cláusula anticorrupción, que es lo que estamos haciendo, contratos que ya son nulos”, recriminó Villeda.

Tegucigalpa, Honduras

El diputado por el Partido Liberal (PL), Mauricio Villeda, criticó que en los contratos aprobados por el Congreso Nacional (CN) esta semana, carecen de la cláusula anticorrupción.

Esto luego que, el Legislativo aprobara 27 contratos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) relacionados a la contratación de servicios de consultoría individual y técnica.

Además, los contratos para suministro de bienes y servicios, auditorías y construcción de proyectos, con fondos provenientes de diferentes contratos de préstamo, entre el Estado de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El total del financiamiento será de 350 millones de dólares contemplados dentro del Presupuesto General de la República.

“Yo he abierto varios de los contratos y en ninguno de ellos he encontrado la cláusula anticorrupción, que es lo que estamos haciendo, contratos que ya son nulos”, recriminó Villeda.

El legislador liberal agregó que “si nosotros como Congreso Nacional aprobamos contratos nulos, ahí si incurrimos en responsabilidad y estoy hablando de todo el Congreso”.

Recordó que la normativa establece sanciones cuando sucedan eventos de esta naturaleza, entre las que mencionó podrían incluso declararse nulos los recientes contratos aprobados.

“Nulidad absoluta a todos los contratos que no contengan la cláusula de integridad, creo que esta junta directiva y el pleno no puede aprobar contratos que son nulos”, insistió.

Al respecto propuso, devolver los contratos a las partes para que se incluya en ellos la cláusula de integridad porque de lo contrario habrá consecuencias y no puedo contribuir con mi voto.

Más reacciones

Por su parte, el designado presidencial, Salvador Nasralla, consideró que los contratos aprobados esta semana en el Congreso Nacional deben ser investigados porque a su juicio son innecesarios para una institución en crisis.

Entre los contratos que cuestionó, es uno nominado como Alto Nivel de Términos de Referencia de Presupuesto “eso no puede ser, ahí hay algo chueco”, externó el funcionario que agregó “son compromisos que estableció el Congreso anterior algunos si se justifican otros son para reírse”.

Sin embargo, justificó el actual Congreso está obligado a aprobarlo porque si no es objeto de demanda pues contratos del gobierno anterior y señaló que, por la compra de equipo generador para la hidroeléctrica Cañaveral, no cree que requiera tanto dinero como se está solicitando.

“Hay que preguntarles a los ingenieros que contrataron todo esto, por favor meter un presupuesto así, no es correcto, quien fue el de esto, hay costos que se tienen que averiguar si en realidad es el costo real”, añadió el designado presidencial. GO/Hondudiario

Política

Vicepresidente del CN niega se hagan reformas para beneficiar autopostulantes a magistrados

***Se están dando muchas especulaciones, mi posición personal es que si hubiese algún proyecto no se aprobaría en el Congreso Nacional, dijo.

Tegucigalpa, Honduras

El vicepresidente del Congreso Nacional (CN) Hugo Noé Pino, negó rotundamente las afirmaciones publicadas en diferentes medios de comunicación que se busca vía decreto reducir los índices de aprobación para los auto postulantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“No ha habido ninguna solicitud al Congreso Nacional. No ha entrado ningún proyecto de ley avalado por algún congresista o por el Poder Ejecutivo, quienes son los que tienen iniciativa de ley, relacionado con este tema”, dijo Hugo Noé Pino.

Se están dando muchas especulaciones – continuó diciendo – mi posición personal es que si hubiese algún proyecto no se aprobaría en el Congreso Nacional.

Noé Pino recordó que el reglamento de la Junta Nominadora fue conocido a tiempo y todos sabían que la nota mínima para aprobar era 75 por ciento.

“Venir ahora a impugnar esta situación ante la CSJ o queriendo que el Congreso Nacional lo haga no es admisible”, apuntó.

Estos son intereses creados en los procesos de selección de los magistrados.

“Al Congreso le han venido atribuyendo una serie de cosas que no se han dado”, expresó.

Noé Pino hizo énfasis que el propio titular de la Secretaría de Transparencia, Edmundo Orellana, dijo que la ley se aprobó en el Congreso Nacional con un 95 por ciento tal como él la envió a este Poder del Estado.

“El Congreso Nacional no está tratando de influir en el nombramiento de los que iban a formar parte de la Junta Nominadora, fue una selección completamente democrática”, explicó. GO/Hondudiario

Nacionales, Portada

Amnistía migratoria es ampliada hasta el 31 de mayo de 2023

***Cabe señalar que, el CN aprobó en mayo la amnistía migratoria que entró en vigencia hasta en agosto tras su publicación en La Gaceta, pero la misma vencía el próximo 30 de noviembre.

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional (CN), aprobó durante la sesión legislativa del miércoles, una ampliación por seis meses de la Amnistía Migratoria para personas migrantes en situación de tránsito.

En ese sentido, dicha ampliación será para las personas migrantes en situación de irregularidad, que ingresen al territorio hondureño antes del 1 de junio de 2023 y no regularicen su estatus migratorio.

El decreto legislativo menciona que, “Luego de un exhaustivo análisis de los razonamientos del proyectista coincidimos en la necesidad de otorgar la ampliación a los beneficios de la amnistía migratoria en las condiciones y extremos establecidos en el proyecto de decreto el cual de forma sucinta tiene la finalidad de suspender la sanción administrativa establecida en el Artículo 104 de la Ley de Migración y Extranjería, en beneficio de las personas migrantes en situación de irregularidad que hayan ingresado al territorio hondureño antes del 1 de junio del año 2023, con el fin de proteger y respetar sus derechos y libertades fundamentales”.

A los migrantes se les otorgará el derecho a regularizar su permanencia temporal en Honduras, para lo cual, deberán cumplir con los procedimientos y requisitos establecidos en la Ley de Migración y Extranjería, indicó el Congreso Nacional.

Cabe señalar que, el CN aprobó en mayo la amnistía migratoria que entró en vigencia hasta en agosto tras su publicación en La Gaceta, pero la misma vencía el próximo 30 de noviembre.

Con la amnistía, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) no cobran una multa de más de 200 dólares a migrantes en situación de irregularidad que ingresen a Honduras antes del 1 de diciembre o que hasta ahora no hayan regularizado su estatus en el país.

El Instituto Nacional de Migración (INM), refirió que en el 2022 hay un incremento del 778.1 por ciento más que en todo 2021.

Entre el 1 enero y el 31 de octubre de este año, ingresaron a Honduras unas 141,200 personas, cifra que es ocho veces mayor a la registrada durante el mismo periodo en el 2021.

Las cifras también detallan que el 40.3 por ciento (62,250) de los inmigrantes que ingresaron a Honduras entre enero y el 16 de noviembre son de nacionalidad cubana, 33.2 por ciento (51,295) venezolanos, 9.9 por ciento (15,232) ecuatorianos, 5.1 por ciento (7,993) haitianos y el 1.4 por ciento (2,099) colombianos.

Las autoridades migratorias aseguran que un total de 81,353 migrantes irregulares se han beneficiado con la amnistía hasta el 10 de noviembre. GO/Hondudiario

Política, Portada

Continúan buscando consensos para aprobar nueva Ley de Defensa y Seguridad en próximos días

***El proyecto cita que todos los órganos y entidades de defensa y seguridad del Estado, están bajo subordinación del titular del Poder Ejecutivo y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.

Tegucigalpa, Honduras

El diputado del Partido Liberal (PL), Ernesto Lezama, consideró se deben hacer algunas modificaciones antes de aprobar la Ley de Defensa y Seguridad, que luego de varios intentos, aún no logra los consensos necesarios.

Sin embargo, dicha ley que ocupa la mayoría simple de votos (65), se estaría aprobando en los próximos días, antes que finalice el mes de noviembre.

Pero antes, Lezama sugirió que este proyecto legislativo tenga modificaciones sobre la Ley de Escuchas Telefónicas, y modificar los requisitos para ser parte de la Secretaría de Defensa.

Por su parte, los diputados oficialistas de Libertad y Refundación (Libre), anunciaron que, en los próximos días, esta ley se someterá a su tercer y último debate, por lo que consensuarán con diputados de otras bancadas para lograr los 65 votos que se requieren, para que entre en vigor en el territorio hondureño.

“La Comisión de Defensa que es la que está trabajando el tema no ha dado ningún informe, no nos ha dado ninguna luz de que ya se tienen los consensos y estamos esperando que eso suceda”, dijo el diputado de Libre, Carlos Zelaya.

Aclaró que dicha comisión escuchará y tomará en cuenta todos los sectores y opiniones, para lo que sea correcto, tomarlo en consideración.

Cabe señalar que, la nueva Ley de Defensa y Seguridad que plantea el Poder Ejecutivo y que fue aprobada en su primer debate en el Congreso de la República, es objeto de señalamientos por actores políticos y analistas que temen que detrás de la normativa se pretenda concentrar los poderes en la familia presidencial.

La nueva normativa en su artículo 5, que es uno de los que más ha generado controversia, señala que los actos de injerencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado “se consideran amenazas a la Defensa y Seguridad Nacional”.

Otro de los apartados de la ley refiere que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es un órgano cuya finalidad es coordinar, organizar y articular la política en la materia. Por tanto, autorizará los procesos de clasificación y desclasificación de información en materia de Defensa y Seguridad.

En tanto, cada instancia representada en el CNDS es responsable de la administración, protección, clasificación, desclasificación y acceso de la información que genere o custodie, en los términos de la Ley, y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El proyecto otorga el estatus de información reservada, aquella cuya aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Defensa y Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignen.

Además, aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza de las señaladas en el artículo 5 de esta ley (amenazas a la seguridad).

Asimismo, el Secretario Ejecutivo del Consejo y el Secretario Adjunto del mismo, serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo, dependerán directamente de ella, contarán con un equipo técnico especializado y recursos asignados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos.

El proyecto cita que todos los órganos y entidades de defensa y seguridad del Estado, están bajo subordinación del titular del Poder Ejecutivo y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. GO/Hondudiario

Política, Portada

Bancadas continúan sin consensos para aprobar nueva Ley de Defensa y Seguridad

***La iniciativa fue enviada al hemiciclo por el Poder Ejecutivo, encabezada por la presidenta Xiomara Castro.

Tegucigalpa, Honduras

El jefe de bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, dio a conocer que a la fecha los diputados de las distintas bancadas no han logrado un consenso para la aprobación de la nueva Ley de Defensa y Seguridad -que contiene el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS)-.

Desde el pasado 18 de agosto esta ley se llevó a discusión al Congreso Nacional y no será puesta nuevamente en la agenda legislativa hasta no tener el consentimiento que asegure su admisión.

En ese sentido, Sarmiento recordó que la iniciativa fue enviada al hemiciclo por el Poder Ejecutivo, encabezada por la presidenta Xiomara Castro.

“Las observaciones que todas las bancadas han hecho se van a incorporar, pero por la misma dinámica legislativa de la Ley Orgánica no se puede sustraer la ley para hacerle las correcciones, sino que hasta que se discuta en el tercer debate”, manifestó.

El parlamentario de Libre agregó que para lograr los consensos han propuesto hasta un cambio de nombre al proyecto de ley, el cual se hará oficial después de su aprobación en tercer debate.

No obstante, la bancada del Partido Nacional sigue creyendo que dicha normativa se usará para perseguir a las personas que estén en contra del actual Gobierno, según lo expuso el diputado Francisco López.

Al respecto, señaló que el seguimiento afectaría a “medios de comunicación, políticos y cualquier persona que pueda manifestarse en contra de este Gobierno. Así como está la actual ley no la va a apoyar el Partido Nacional”.

Sin embargo, en varias ocasiones diputados de Libre han asegurado que esa no es la finalidad de la ley, sino independizar los poderes del Estado y crear un CNDS y Seguridad dedicado a los temas de seguridad, inteligencia y defensa.

La ley

Cabe señalar que, la nueva Ley de Defensa y Seguridad que plantea el Poder Ejecutivo y que fue aprobada en su primer debate en el Congreso de la República, es objeto de señalamientos por actores políticos y analistas que temen que detrás de la normativa se pretenda concentrar los poderes en la familia presidencial.

La nueva normativa en su artículo 5, que es uno de los que más ha generado controversia, señala que los actos de injerencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado “se consideran amenazas a la Defensa y Seguridad Nacional”.

Otro de los apartados de la ley refiere que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es un órgano cuya finalidad es coordinar, organizar y articular la política en la materia. Por tanto, autorizará los procesos de clasificación y desclasificación de información en materia de Defensa y Seguridad.

En tanto, cada instancia representada en el CNDS es responsable de la administración, protección, clasificación, desclasificación y acceso de la información que genere o custodie, en los términos de la Ley, y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El proyecto otorga el estatus de información reservada, aquella cuya aplicación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, tecnología o equipo útiles a la generación de inteligencia para la Defensa y Seguridad Nacional, sin importar la naturaleza o el origen de los documentos que la consignen.

Además, aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza de las señaladas en el artículo 5 de esta ley (amenazas a la seguridad).

Asimismo, el Secretario Ejecutivo del Consejo y el Secretario Adjunto del mismo, serán nombrados por el titular del Poder Ejecutivo, dependerán directamente de ella, contarán con un equipo técnico especializado y recursos asignados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos.

El proyecto cita que todos los órganos y entidades de defensa y seguridad del Estado, están bajo subordinación del titular del Poder Ejecutivo y del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. GO/Hondudiario

Política

PN hizo mucho daño y debe pedir perdón al pueblo, según diputado Hugo Noé Pino

***Por su parte, desde el Partido Nacional respondieron que al partido Libre actualmente, no le luce y conviene a venirse a dar baños de pureza porque hay cosas que no las han hecho bien desde el gobierno.

Tegucigalpa, Honduras

El vicepresidente del Congreso Nacional (CN), Hugo Noé Pino, dijo que el Partido Nacional (PN) le hizo mucho daño a Honduras y por ende deben tener la suficiente valentía para reconocer sus errores y pedirle perdón al pueblo hondureño.

En ese sentido, Pino señaló que el expresidente Juan Orlando Hernández, que llegó al poder por el Partido Nacional, se encargó de generar un muro de impunidad que le permitió desde el aparato gubernamental delinquir y además vincularse con el crimen organizado dejando graves daños a la institucionalidad hondureña.

Sin embargo, desde el instituto político de la estrella solitaria, el parlamentario Marco Handal, le respondió que al partido Libertad y Refundación (Libre) actualmente, no le luce y conviene a venirse a dar baños de pureza porque hay cosas que no las han hecho bien desde el gobierno.

El debate entre ambos legisladores se originó cuando en la Cámara Legislativa se discutía la Ley de Colaboración Eficaz, herramienta jurídica con la que la actual administración busca desarticular redes criminales y de corrupción que drenaron o drenan recursos públicos.

Handal reclamó al oficialismo por la aprobación y no derogación de la amnistía política, que es considerado un nuevo pacto de impunidad para beneficiar al poder, ya que por medio de ese mecanismo se otorgaron cartas de libertad a personas señaladas por corrupción.

Asimismo, recordó además que una de las condicionantes de las Naciones Unidas para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), es que se derogue ese pacto de impunidad aprobado en febrero por este Congreso Nacional desde febrero del presente 2022.

“¿De qué estamos hablando?, que ustedes son los puros y nosotros los pícaros, no, baños de pureza no doctor, ustedes quieren que la opinión pública nos haga ver como el cáncer del país, pero cáncer hay en todos los partidos”, cuestionó el nacionalista. GO/Hondudiario

Política, Portada

Con Ley de Colaboración Eficaz “se desarticularán redes de corrupción en Honduras”

***El presidente del legislativo aseguró que esta ley no tiene fines de persecución política contra personas.

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional comenzó este martes la discusión en primer debate de la Ley de Colaboración Eficaz, en una iniciativa presentada por el presidente de ese poder del Estado, Luis Redondo, y secundada por la congresista Fátima Mena.

En ese sentido, Redondo afirmó que con la Ley de Colaboración Eficaz se van a desarticular las redes de corrupción implantadas en el país.

“El proyecto de decreto de Colaboración Eficaz se viene trabajando desde que sostuvieron reuniones en 2016 con quienes fueran en aquel entonces la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), pero fue engavetada”, comenzó diciendo el parlamentario.

Asimismo, dijo que luego de más de cinco años de espera la actual administración en el Congreso Nacional ya iniciamos con el dictamen y pasamos el primer debate hasta el artículo tres de 30.

Remarcó que es un instrumento jurídico para que las víctimas de los gobiernos anteriores que fueron atemorizadas y manipuladas “puedan librarse de acusaciones” que sólo van a los de abajo y no a los de arriba.

“Lo que va a ocurrir con la Ley de Colaboración Eficaz es que todas esas personas que fueron amenazadas van a poder cooperar a través de esta normativa” a fin de que el Estado de Honduras haga justicia con los cabecillas de dichas redes.

El presidente del legislativo aseguró que esta ley no tiene fines de persecución política contra personas.

“El único propósito que tiene es el mismo que tuvo desde 2016 cuando se pensó en condenar a los corruptos y corruptores”, añadió.

Los que navegaban en un “paraíso de impunidad” a medida avance este Congreso Nacional se le va a ir acabando, aseveró el funcionario, quien hizo mención sobre la buena voluntad de la venida de la CICIH a Honduras.

En cuanto al proceso de audiencia preparatoria de antejuicio para el expresidente Juan Orlando Hernández, dijo sentirse satisfecho de haber hecho lo necesario desde su curul, cuando en enero de 2021 presentó hasta una solicitud de juicio político. GO/Hondudiario

Política, Portada

Pretensión de crear el “Fondo Social Comunitario” no cuenta con el apoyo necesario

***“Ya tenemos cinco años sin uso del Fondo Departamental que los diputados lo utilizaban para llevar ayudas a sus departamentos, pero fue satanizado por quienes lo crearon y hoy gobiernan”, indicó Tomás Zambrano.

Tegucigalpa, Honduras
Diputado Tomás Zambrano

El jefe de bancada del Partido Nacional (PN), Tomás Zambrano, propuso que los diputados no manejen dinero (denominado Fondo Departamental), sino que los recursos se trasladen a las 298 municipalidades, ya que son los que conocen las necesidades de la gente.

En ese sentido, el parlamentario del departamento de Valle, recordó que el llamado Fondo Departamental fue creado en el 2006 en el mandato de Manuel Zelaya Rosales, hoy asesor presidencial de la mandataria Xiomara Castro.

“Ya tenemos cinco años sin uso del Fondo Departamental que los diputados lo utilizaban para llevar ayudas a sus departamentos, pero fue satanizado por quienes lo crearon y hoy gobiernan”, indicó.

“Pero hoy que son gobierno tienen presión de la gente en llevar ayudas y proyectos, sin embargo, están atrapados en ataques e insultos y desprestigios contra los diputados de aquel momento con la gestión del Fondo Departamental”, añadió.

El nacionalista mencionó que en marzo de este año la Directiva del Congreso Nacional incorporó 200 millones de lempiras para el denominado Fondo Departamental y en Finanzas tienen disponibilidad financiera de unos 30 mil millones de lempiras.

Enfatizó que los 200 millones de lempiras no sean manejados por los diputados, sino que estos recursos sean trasladados a los 298 alcaldes para que construyan escuelas y centros de salud durante los cuatros años de gobierno.

Por su parte, el congresista Jhosy Toscano, también se refirió al llamado “Fondo Departamental o Social Comunitario”, y afirmó que el Partido Salvador de Honduras (PSH), está en contra de que los diputados manejen cualquier tipo de recursos, porque la función es legislar y presentar proyectos de ley en beneficio de los hondureños.

Por lo anterior, el parlamentario enfatizó que, para el manejo de fondos están las secretarías de Estado y las municipalidades, por tanto, “estamos en contra de abrirle las puertas a la corrupción o para comprar conciencias”.

Cabe señalar que hace unos días, el jefe de bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, anunció que en la agenda está la derogación del Decreto 116-2019 relacionado con el controversial Fondo Departamental, por el que muchos diputados fueron acusados en los tribunales de la República.

Sin embargo, y sin haber derogado el decreto anterior, desde el oficialismo se anunció lo que será el Fondo Social Comunitario.

El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, afirmó que “el problema no es manejar fondos, el problema es manejarlos bien, que no haya corrupción en el manejo de estos fondos”. GO/Hondudiario

Política, Portada

Sociedad civil critica que se pretenda crear el Fondo de Ayuda Comunitaria en el CN

***Fuentes a lo interno de Libre aseguraron que ya fue negociada la entrega de un millón de lempiras para cada diputado oficialista por concepto del Fondo.

Tegucigalpa, Honduras

El representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, dijo que, la intención de eliminar el Fondo Departamental, pero crear al mismo tiempo el Fondo de Ayuda Comunitaria, está destinado al fracaso, pese a que en el Congreso Nacional (CN), quiera “maquillar” su transparencia.

A las puertas de la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), organizaciones de la sociedad civil como la ASJ, cuestionan las pretensiones desde el Congreso Nacional de revivir el cuestionado Fondo Departamental, bajo este otro nombre, una propuesta hecha desde el partido Libertad y Refundación (Libre).

“Abrir el debate de la reactivación del Fondo Departamental a dos meses de la elección de la Corte Suprema de Justicia obviamente genera suspicacia. Le pueden poner el nombre que quieran, le pueden poner las medidas de control desde el Congreso y siempre va a destinarse para el fracaso”, expresó Lester Ramírez.

Asimismo, agregó que “históricamente, los Fondos Departamentales que han existido, además de la corrupción que han producido, también han servido para disciplinar a las facciones que están en lo interno de los partidos políticos, premiar a los que son considerados leales y castigar a los que no cooperan”.

Fuentes a lo interno de Libre aseguraron que ya fue negociada la entrega de un millón de lempiras para cada diputado oficialista por concepto del Fondo.

Un estudio realizado por la ASJ, devela el despilfarro de dinero que se dio entre los años 2007 y 2018, con estos fondos que fueron proporcionados a cientos de legisladores durante esos 11 años.

Durante ese tiempo el Congreso Nacional desembolso a los congresistas 2,340 millones de lempiras, sin embargo, solo la ínfima cantidad de un poco más de 62 millones, fue auditado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

El Fondo Departamental es iniciativa que se aprobó en el Poder Legislativo en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), y nunca ha gozado de buena reputación.

En su momento, la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) no solo pidió su eliminación, sino que llevó ante la justicia a varios diputados que utilizaron esos recursos para asuntos personales.

Hasta finales del gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), el Fondo Departamental lo manejó el presidente del Congreso Nacional, pero cuando asumió Juan Orlando Hernández, en enero de 2014, su distribución quedó a discreción del Ejecutivo. GO/Hondudiario