*** La amenaza ambiental mantiene en lucha a pobladores de la comunidad Santa Marta, San Isidro en el departamento de Cabañas y San Sebastián y de la organización ADES, quienes «sonaron las alarmas» porque el gobierno inició procesos encaminados a reactivar la explotación minera metálica, al crear la «dirección de energía, minas e hidrocarburos y la incorporación al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible».
Tegucigalpa, Honduras
El gobierno salvadoreño que lidera Nayib Bukele, está promoviendo o «reviviendo» la explotación minera metálica a favor de expresas extranjeras, denunciaron pobladores aglutinados en la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) de la comunidad de Santa Marta, municipio de Victoria, departamento de Cabañas, donde varios líderes ambientales fueron capturados y están presos por oponerse a la iniciativa gubernamental.
En este caso, las comunidades de Santa Marta y San Sebastián, están ubicadas en zonas de abundantes minerales que por décadas son el interés de expresas extranjeras, pero el año 2008, el gobierno salvadoreño de turno, aprobó la suspensión minera metálica, después de luchas comunales y convencidos de los daños ambientales y humanos, que eran y son un atentado a la salud de los habitantes de ese país.
El Salvador se volvió el primer país en el mundo en prohibir todos los tipos de minería, un logro sin precedentes en un país donde la lucha anti minera significo mártires, encarcelamientos y amenazas a comunidades.
El país sentó un precedente mundial para frenar los severos riesgos para el ambiente, poner el peligro bosques, suelos y recursos hídricos, por evitar el drenaje ácido, metales pesados y desechos altamente tóxicos, al crear una legislación que prohibía la explotación minera, sino también derrotar a la empresa transnacional, Oceana Gold, de capital australiano que había comprado el proyecto minero iniciado por la empresa basada en Vancouver, Pacific Rim.
Aunque los pobladores de la comunidad San Sebastián, el el departamento de San Vicente, nunca han dejado realizar la explotación minera artesanal, el Estado no cumplió su parte en garantizar fuentes alternas de trabajo a los cientos de trabajadores que se dedican bajo condiciones informales a minar oro. A la fecha, en esta misma comunidad, sigue corriendo el río que por décadas ha mantenido un color rojizo y un olor toxico, lleno de metales pesados y poniendo en riesgo a todos sus habitantes.
Empero, la amenaza ambiental que está reviviendo el presidente Nayib Bukele, alertó y mantiene en lucha a la comunidad Santa Marta y a la organización ADES (Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta), quienes sonaron alarmas cuando el gobierno empezó a tomar pasos con intereses en la explotación minera, «como la creación de la dirección de energía, minas e hidrocarburos y la incorporación al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible; además del alquiler de los viejos terrenos de la canadiense Pacific Rim por parte de agentes extranjeros quienes presuntamente buscan una reactivación de la industria minera».
En tal sentido, oponerse a las disposiciones o iniciativas del Gobierno, varios líderes de esta comunidad de Santa Marta, en Victoria, departamento de Morazán, terminaron detenidos el 11 de enero del 2023, bajo cargos por «crímenes de guerra» un acusación ilegítima que violenta los derechos humanos, según los defensores de estos líderes, considerando además que los pobladores aseguran su detención «no es más que un evidente caso de persecución política», por oponerse.
Al respecto, el primer periódico digital de Honduras, tuvo acceso a un documental, titulado La Maldición Del Oro, donde se resume la historia, testimonios y las condiciones actuales que viven los pobladores de estas comunidades «anti mineras», que han denunciado que el gobierno de Nayib Bukele, esta promoviendo reactivar la industria minera, empujado por empresas de China, Canadá y hasta México.
En un vídeo de 13 minutos, se detalla cómo El Salvador, después de convertirse en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica, un logro sin precedentes en un país donde la lucha anti minera significó mártires, encarcelamientos y amenazas a comunidades, pero ahora pretenden reactivarlas y a quienes se oponen están siendo amenazados y encarcelados, según los denunciantes.
Actualmente, lo dirigentes y líderes comunales contra la minería metálica en El Salvador, en los territorios de comunidades San Sebastian, Santa Marta y también en San Isidro en el departamento de Cabañas;»están siendo acechados por agentes extranjeros con presuntos intereses en la explotación minera».
El gobierno salvadoreño, según los denunciantes, está promoviendo volver a la explotación minera, luego de crear de la Dirección de energía, minas e hidrocarburos y la incorporación al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible; además de promover el alquiler de los viejos terrenos de la canadiense Pacific Rim por parte de agentes extranjeros quienes presuntamente buscan una reactivación de la industria minera. MO/Hondudiario
***Luego que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), mencionara que los damnificados de la colonia Guillen y otros sectores aledaños podrían ser ubicados en CiudadMateo, se está haciendo las respectivas evaluaciones para no afectar la cuenca de la Represa lo Laureles y no generar contaminación.
Tegucigalpa, Honduras
El director del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp), Amable de Jesús Hernández, confirmó que tras autorización de la presidenta Xiomara Castro, se ordenó habitar Ciudad Mateo.
El proyecto habitacional Ciudad Mateo es un complejo habitacional de más de 2 mil 500 casas construidas al suroeste de la capital, sobre la cuenta del río Guacerique, y sobre la misma represa Los Laureles. Fue construido en 1992 durante la administración de Rafael Callejas.
El mismo nunca se materializó por estudios que establecían daños al ambiente, especialmente a la represa Los Laureles.
En ese sentido, Hernández defendió la decisión de habilitar el proyecto residencial argumentando que con las viviendas no perjudica a la represa Los Laureles indicando que con las nuevas tecnologías puede haber un control de contaminación y mitigar el impacto ambiental.
Detalló que para cumplir la orden presidencial se constituyó una unidad conformada por ocho ingenieros de la institución y un equipo de asesoría en la Secretaría de Finanzas.
Señaló que una unidad ejecutora trabaja para dar trámite lo más rápido posible la orden de la presidenta Castro.
El funcionario indicó que el proyecto iniciará con un proceso de limpieza del predio de 294 manzanas, que es propiedad de Injupemp.
Al mismo tiempo, recordó que se construyeron 690 viviendas en el sector Altos de las Tapias, pero que se continuó la construcción del resto de las viviendas y se abandonó el proyecto.
“Para las 690 viviendas, inicialmente se prevé que puede costar unos 20 millones de lempiras, hay que hacer un estudio pormenorizado”, sostuvo.
La Secretaría de MiAmbiente designó a dos inspectores que se encargarán de los procesos de control, contaminación y programas de mitigación.
El funcionario explicó que uno de los objetivos del proyecto es mitigar el déficit habitacional en la capital hondureña al tener una meta de habilitar cuatro mil 890 viviendas en la zona.
Reconoció que esta decisión de habilitar el proyecto residencial genera controversia, sin embargo, argumentó que las cosas han cambiado desde la década de los 90, e incluso señaló que en los alrededores de Ciudad Mateo existen varios proyectos de vivienda.
Añadió que las comisiones de los distintos gobiernos han dictaminado que Ciudad Mateo puede ser habilitada para residencias.
Aunque reconoció que, de las 690 viviendas existentes en la zona, algunas serán demolidas porque son construcciones viejas y otras que podrían ser renovadas.
El director de Injupemp confirmó que en este proyecto está incorporado la Secretaría de MiAmbiente, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). GO/Hondudiario
***La detención de los 32 acusados se produjo en un operativo de protección forestal ejecutado por el Ministerio Público.
Tegucigalpa, Honduras
La Fiscalía del Medio Ambiente de Comayagua, en audiencia inicial, logró que se dictara auto de formal procesamiento en contra de 32 operarios de maquinaria, quienes fueron detenidos extrayendo material sin los permisos correspondientes en un sector de esta ciudad.
La detención de los 32 acusados se produjo en un operativo de protección forestal ejecutado por el Ministerio Público (MP), en conjunto con otras instituciones en la aldea Las Cañas de Comayagua, el 2 de septiembre del presente año.
En el operativo también se procedió al decomiso de cuatro retroexcavadoras, un tractor y 30 volquetas, con las que se cometía esta acción, incurriendo en el delito de explotación ilegal de recursos naturales en su modalidad de extracción, equipo que continúa decomisado.
La empresa responsable de la extracción no tenía ninguno de los permisos que otorga el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INGEOMIN) para extraer material, por lo que se procedió a la detención de los operarios y se abrió una investigación, misma que sigue en curso, mientras tanto los imputados se encuentran con medidas distintas a la prisión como lo solicitó el Ministerio Público bajo el principio de objetividad. GO/Hondudiario
***Una iniciativa de Ley que ordena la implementación de vigilancia en las áreas protegidas de la Bahía de Tela, norte de Honduras, fue introducida al Congreso Nacional y sigue sin dictaminarse.
Por: Josué Quintana Gómez
Tegucigalpa, Honduras
La deforestación, aprovechamiento ilegal de tierras, sobrepesca y cacería se agudizan en el Parque Nacional Punta Izopo (Atlántida) debido a la indiferencia comunitaria y ausencia de consensos entre las autoridades para ejecutar acciones de protección, opinan ambientalistas en el norte de Honduras.
Para contrarrestar la degradación de este santuario natural, el Comité Interinstitucional de Ambiente y Áreas Protegidas de Tela (CIAT) impulsa la actualización del plan de manejo (2020 – 2032), que ya fue socializado con todas las comunidades, menos con Triunfo de la Cruz.
Técnicos ambientales del CIAT dijeron que en lo que resta de 2021 conversarán con las nuevas autoridades comunitarias para que “se trabaje juntos en la conservación del parque” y esperan que desde el patronato se comprometan a “la protección de sus mismos recursos naturales”.
El Parque Nacional Punta Izopo está al este de la bahía de Tela y fue declarado como tal mediante el decreto legislativo 261-2000, aunque su gestión comenzó en 1992 cuando un acuerdo presidencial (1118–92) le dio la categoría de Refugio de Vida Silvestre, instruyen documentos del mismo CIAT.
Esta área protegida forma parte del Corredor Biológico del Caribe Hondureño y se localiza entre los municipios de Tela, Arizona y Esparta, departamento de Atlántida. Su extensión total es de 21,551.69 hectáreas, entre terrestres y marinas, ilustran mapas del CIAT.
HONDUDIARIO conoció que la Procuraduría General de la República (PGR) busca algunos acercamientos con la dirigencia de la comunidad Triunfo de la Cruz, para comenzar a darle cumplimiento a la sentencia que dictó en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto al territorio ancestral garífuna, mismo que está dentro del Parque Nacional Punta Izopo.
El desacato al fallo de la CIDH tiene inconformes a los comunitarios en Triunfo de la Cruz, que bajo esa lamentación aún no llegan acuerdos con el CIAT para reunirse y socializar el nuevo plan de manejo para el santuario marino costero.
En la sentencia, la CIDH condenó hechos violatorios a derechos territoriales, cómo: la ampliación del casco urbano de Tela que hizo la alcaldía en 1989 y abarcó parte del territorio garífuna; además, el Instituto Nacional Agrario (INA) escrituró 44 hectáreas a favor de terceros, entre 1993 y 1995.
En 1997, la municipalidad de Tela traspasó a su sindicato 22.81 manzanas en Triunfo de la Cruz; la CIDH, también, condenó el desarrollo de los proyectos turísticos en la comunidad.
Andrés Matute, ambientalista radicado en Tela, opina que “es injusto” mezclar el tema de la sentencia y los delitos ambientales, porque “esa confusión” auspicia la degradación ecosistémica de la reserva.
“Punta Izopo tiene muchos años de estar declarado como parque nacional, es un patrimonio natural que deberían conocer todos los hondureños, pero es lamentable cuando en el pasado algunos dirigentes garífunas se han creído dueños del parque. Al estropear la labor de las autoridades y no haber un plan de manejo vigente, ellos impiden que se controlen todos los ilícitos ambientales”, denunció.
“Las etnias verdaderamente autóctonas de Honduras tienen menos atención del Estado y hasta desconocemos su verdadera cultura, los garífunas solamente quieren sobresalir ellos. Se burlan de nuestra forma de vivir porque los ladinos o mestizos si pagamos una infinidad de tributos por nuestras propiedades y viviendas. Ellos tienen grandes mansiones y no pagan un lempira a las alcaldías”, agregó.
Para conocer la cosmovisión del pueblo garífuna, respecto al futuro del Parque Nacional Punta Izopo, HONDUDIARIO intentó entrevistarse con dirigentes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), pero no hubo respuestas telefónicas.
Durante un conversatorio sobre los mecanismos de consulta libre, previa e informada, Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH, se refirió en términos generales a la degradación ambiental.
“Estorbamos porque los últimos recursos y bienes comunes de la naturaleza están en nuestros territorios. Tenemos un gobierno dictatorial y asesino, a muchos nos tienen hambre, pero solamente por eso no nos vamos a callar”, atizó activista.
Futuro incierto para el santuario
Las quemas y tala no se detienen en el Parque Nacional Punta Izopo, pese a que las autoridades aseguran que la Fuerza de Tarea Interinstitucional Ambiental (FTIA) combate los delitos contra la naturaleza.
Un morador del Kilómetro 12, Arizona, denunció bajo el anonimato que los descombros siguen en su comunidad y otros sectores como, los bajos de Hicaque, Las Palmas, Kilómetro 16 y La Leona, todos dentro de los límites de la reserva.
“Le pido a las autoridades que paren todos esos descombros, pero que no solo investiguen a los trabajadores que hacen la limpieza de las tierras, sino que apliquen justicia a los dueños o encargados. Todo eso lo hacen para sembrar más palma (aceitera) y nos vamos a quedar sin bosque, ni fuentes de agua”, exclamó.
“Si las autoridades no hacen algo por ese parque va a desaparecer todo, lo que la gente no sabe es que esos pantanos son zonas de descarga cuando hay inundaciones y si sigue la destrucción después los afectados por la llena seremos nosotros”, añadió con lamento.
Durante una reunión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH), en Tela, se planificaron varias acciones que serán financiadas desde 2022 con fondos de la cooperación alemana, se confirmó que Punta Izopo no fue priorizado entre los santuarios que serán salvaguardados mediante ese proyecto de los donantes internacionales.
Diversas fuentes del CIAT y del SINAPH dijeron extraoficialmente que Punta Izopo sería incluido “en una segunda etapa” porque actualmente “no tiene un plan de manejo actualizado”. Reiteraron que durante este segundo semestre del año trabajarían en esa socialización pendiente, previo a la aprobación del documento.
Pese a que el santuario quedó fuera de la primera etapa del Proyecto de Fortalecimiento al SINAPH, los comanejadores dijeron que buscan otras fuentes de financiamiento para ejecutar proyectos de conservación y sostenibilidad pesquera.
Operaciones de vigilancia y protección siguen en papel
Con el objetivo de resguardar a Punta Izopo, las Fuerzas Armadas (FFAA) inspeccionaron el parque a finales del año pasado, para identificar puntos y establecer destacamentos (Navales y Comando C9), pero hasta hoy todo sigue en intenciones, dijeron fuentes del Instituto de Conservación Forestal (ICF) en Atlántida.
Otra promesa pendiente es la contratación de seis guardaparques más para asignarlos en Tela, porque el ICF había anunciado 10 en 2021 y solamente llegaron cuatro. Ellos que están asignados al Parque Nacional Jeannette Kawas y Punta Izopo sigue sin vigilancia alguna.
Antes de la pandemia por COVID-19, las máximas autoridades del ICF prometieron 200 guardaparques, pero apenas contrataron a 70 bajo un acuerdo con la Mesa de Organizaciones Comanejadoras de Áreas Protegidas de Honduras (MOCAPH). Sigue pendiente el reclutamiento de 130 más, de acuerdo al pilotaje anunciado.
Una iniciativa de Ley fue presentada en 2020 al Congreso Nacional para de forma “urgente” se ejecute un plan para aumentar la vigilancia de las FFAA, la presencia del Ministerio Público (MP) y dotar de recursos logísticos y financieros al ICF, para contener los daños en las áreas protegidas de la Bahía de Tela.
“Desde nuestra perspectiva, es importante mancomunar y respaldar los esfuerzos de los comanejadores para tratar el problema de las áreas protegidas. Ya fue introducida mi iniciativa y se le dio lectura. Está en las manos de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso Nacional y espero que sea dictaminada cuanto antes”, relató Ana Rivera, parlamentaria por Atlántida.
La propuesta que Rivera ordena a la Secretaría de Finanzas proveer los recursos económicos al ICF en Atlántida, para la contratación de guardaparques y técnicos necesarios para poder dar respuesta a las necesidades de las áreas protegidas.
A la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente) se le instruye en ser más rigurosa con la aprobación y renovación de licencias ambientales, con el fin de exigir y asegurar el cumplimiento de las medidas por compensación ambiental.
Todo eso quedó en papel porque la Comisión de Dictamen, que encabeza el diputado Yuri Sabas, todavía no mostrado interés en respaldar la propuesta, según Rivera.
“Sigue sin dictaminarse, supe que la Comisión está en manos de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, no hay dictamen porque no hay voluntad para estas cosas. Se pudo haber dictaminado antes. Vamos a esperar”, concluyó la parlamentaria atlantidense.
****Esta fecha plantea una nueva oportunidad para el debate, reflexiones y acciones concretas. El cambio climático, la acidificación, los microplásticos y la desertización de los polos amenazan a un ritmo sin precedentes al Pacífico, Atlántico, Índico y los glaciales Ártico y Antártico, que juntos cubren cerca del 70 por ciento de la superficie de la Tierra.
Tegucigalpa, Honduras. Por Josué Quintana Gómez
Los océanos regulan el clima de la Tierra, proporcionan oxígeno, alimento, medicinas, han servido como medios para navegar el mundo y absorben gran parte del dióxido de carbono (CO2) que generan nuestras actividades y asfixian al planeta. Sin duda que desde el origen de la existencia humana (hace unos 200,000 años) han sido un elemento fundamental para coadyuvar a la supervivencia misma de nuestra especie.
Desde 2009, cada 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos y la comunidad científica, ambientalista y los medios de comunicación divulgan millones de mensajes para la concienciación durante esta fecha. Es una acción válida pues durante décadas los océanos han sufrido los estragos de la contaminación (80% provocada por las actividades humanas) ya que hemos los hemos vuelto un enorme sumidero para todo tipo de desechos; además, enfrentan el saqueo de la sobrepesca indiscriminada y la degradación de sus ecosistemas.
Esta fecha plantea una nueva oportunidad para el debate, reflexiones y acciones concretas. El cambio climático, la acidificación, los microplásticos y la desertización de los polos amenazan a un ritmo sin precedentes al Pacífico, Atlántico, Índico y los glaciales Ártico y Antártico, que juntos cubren cerca del 70 por ciento de la superficie de la Tierra.
Fue hasta el arranque del corriente XXI que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) encendió las alarmas por los múltiples impactos y para esta década se propone aumentar el conocimiento e importancia que tienen los océanos de cara a la inminente crisis climática. El cambio climático es la verdadera amenazada, esa es la verdadera pandemia de este siglo.
La captación de CO2 que hacen los océanos es vital en la mitigación del cambio climático; sin embargo, la humanidad acelera cada vez más el ciclo del carbono en sus aguas y esto podría invertir su función en la regulación del clima, esto podría transformarlos en un elemento más de calentamiento.
El rol de los océanos en la regulación del clima en la Tierra por medio de laabsorción del CO2 es poco conocido, explica un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que se titula Investigación Integrada sobre Carbono Oceánico y fue publicada el mes pasado.
El documento advierte que, de perder su función como reservorios del C02, los océanos por el contrario contribuirían al calentamiento del planeta y acelerarán el avance del cambio climático. En resumidas cuentas, la restauración del “Gran Azul” retrasará la crisis climática y todos podemos ser parte de la solución.
Sin duda que la acumulación del carbono generado por la actividad humana en el océano ha alterado la química del agua de mar, un fenómeno conocido como acidificación del océano que ya pasa factura a los ecosistemas marinos.
Como se sabe, las selvas en territorio continental también captan carbono, pero científicos indican que la efectividad de los bosques de algas y pastizales marinos tienen mayor efectividad, en promedio atrapan CO2 entre 25 y 30 veces más que las junglas.
Con lo antes expuesto, no quisiera ser pesimista, pero en este día es oportuno recordar que el océano ya no puede sostener por mucho tiempo más nuestra indiferencia, desde la revolución industrial ha sido el sumidero de carbono más importante de nuestro planeta y necesita de nuestra ayuda para restaurarse.
Hay cosas pequeñas que todos podemos hacer, hace unas semanas caminaba por una playa en el Caribe hondureño y observé el afán de una familia mientras recogían plástico, por cierto, había varias mascarillas.
La familia me aseguró que querían un océano más limpio y sano, que “ojalá en Honduras se manejaran mejor los desechos”, a lo que les respondí que estaba de acuerdo y mucho pasa por los buenos hábitos.
Mi consejo para ellos fue que apoyaran a las organizaciones e iniciativas ciudadanas ambientales y especialmente oceánicas, que busquen en Internet información verificada del cambio climático, participar en voluntariados y presionar a las empresas y gobiernos para ejecutar acciones concretas.
La verdadera pandemia de este Siglo XXI se llama cambio climático y hay que prepararse para sus devastadores efectos, todo es cuestión de tiempo. Océanos sanos, limpios y funcionales nos podrían salvar la existencia, una vez más. ¡Feliz Día Mundial de los Océanos! Por JOSUÉ QUINTANA/ Hondudiario
***“Tal vez dentro de 10 o 15 años se podría hacer una carretera de primera, porque en este momento no están preparados, y primero es mejor hacer un saneamiento del territorio”, agregó Salaverri.
Tegucigalpa, Honduras
En los últimos días se dio a conocer la construcción de una carretera entre Wampusirpi y Krausirpi, en la zona de La Mosquitia, misma que nace en el municipio Dulce nombre de Culmí, Olancho, y que sectores han señalado como una «narcocarretera», por lo que ha sido de mucha controversia porque no cuenta con los permisos ambientales y se desconoce con claridad quién la está financiando.
En ese sentido, el ingeniero forestal y guía nativo de La Mosquitia, Jorge Salaverri, manifestó este martes en el foro Frente a Frente, que espera que tal vez dentro de 10 o 15 años se podría hacer una carretera de primera, porque en este momento no están preparados, y primero recomienda hacer un saneamiento del territorio.
Además, aseguró que se debe de proteger la reserva del Rio Plátano, porque es algo patriótico y que llegó el momento de tomar acciones y parar la forestación, también comentó que se debe de hacer una reunión de inmediato, para empezar a resolver los problemas de las personas de la Mosquitia.
«Los bosques son destruidos con motosierras que cada día cortan los árboles en los bosques de hoja ancha y también de pino. Además, la aplicación de venenos y herbicidas es otro factor que altera y mata cada día la flora y la fauna en La Mosquitia», apuntó.
Igualmente, aseguró que la construcción de esa carretera tiene intereses particulares de personas, pues beneficiará más a los ganaderos, que a los pobladores.
Mientras, la regidora de la municipalidad de Wampusirpi, Bianca González Mejí, denunció el abandono que ha tenido durante décadas La Mosquitia.
González mencionó que prácticamente se está tipificando el derecho que le corresponde a la Mosquitia, porque «el territorio ha sido nuestro siempre y el misquito no ha sido al talador de bosque, además quien le ha fallado no han sido los nativos, sino que estamos pagando las consecuencias de los errores de diferente gobiernos».
Asimismo, agregó que ha visto mucha voluntad de parte el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en relación a La Mosquitia, pero que los proyectos que ha impulsado han fracasado completamente.
Es por ello, dijo que ya era el momento de hablar y ver qué cuantas soluciones reales hay y que sean sostenibles para la zona.
Por último, precisó que esta zona demanda acciones concretas y rápidas que puedan dar soluciones a las necesidades de los nativos.
Investigación por carretera
Por otra parte, el viceministro del Instituto de Conservación Forestal (ICF), Francisco Escalante afirmó que esta carretera no solo traerá desarrollo para la Mosquitia, sino que provocará daños a la reserva del Río Plátano, área que es declarada como Patrimonio de la Humanidad.
«Abrir una carretera en esa zona permite que entre gran cantidad de personas externas a una zona donde culturalmente existen pueblos autóctonos. Estoy de acuerdo que los grupos deben tener accesos, pero está la vía marina, aérea y por ríos», aseveró.
De igual forma, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA) abrió una investigación de la carretera que busca conectar comunidades remotas con pueblos cercanos, para facilitar a los pobladores.
Igualmente, los fiscales Iniciaron una serie de gestiones con la comunidad misquita, con fin de determinar quién fue el responsable que autorizó la apertura de la carretera en área protegida
Según informaron, el equipo de fiscales asignado para el caso se trasladará a Gracias a Dios con el fin de obtener pruebas de irregularidad.
No obstante, la vicepresidenta de organización Unidad de la Mosquitia (Masta), Mirna Wood, expresó que la carretera es el desarrollo para esta comunidad, ya que asegura que nadie sabe el drama que vive el pueblo misquito Tawaka cuando se encuentran personas enfermas, que no hay alimentos y ni combustibles.
Seguidamente, precisó que la carretera no está dentro de la Biosfera del Río Plátano, el problema es que desconocen el territorio, ya que afirmó que la calle de Dulce Nombre de Culmí a Kraupusirpi son 20 kilómetros dentro del pueblo de reserva Tawaka y no están en la Biósfera.
Finalmente, descartó que este proyecto carretero esté siendo financiado por narcotraficantes, ya que aseguró que se está haciendo con fondos de pueblos y por medio de las asociaciones Butuka Awala Klaura Iwi Indianka Nani Asia Takanka (Bakinasta), Unidad de La Mosquikitia (Masta) y la Federación Indígena Tawahka de Honduras (FITH).
«Si hay otra carretera hacia la Biosfera, ustedes sabrán, investiguen, pero esta carretera de Kraupusirpi a Wampusirpi no toca la Biosfera del Río Plátano, lo que dicen es una gran mentira», apuntó. CR/Hondudiario
